Pasé varios años analizando el
linchamiento como fenómeno de violencia colectiva y sus singularidades en el
México reciente. La investigación que resultó para mí es apenas un pedazo
pequeño de una realidad lacerante de un país profundamente injusto. Con base en
algunos resultados de mi trabajo, estoy en condiciones de afirmar que: 1) el
linchamiento tiene un carácter heterogéneo, lo que significa que
independientemente de compartir una estructura común, el contexto y el actor
colectivo no es siempre el mismo; 2) que es equivocadamente interpretado como
una expresión de falta de modernidad, un acto cometido por sujetos “sin ley” y
es también equivocada la afirmación de que los linchamientos son parte de los
“usos y costumbres” de los pueblos originarios; 3) el linchamiento
en México es una maniobra desesperada ante la necesidad de seguridad y
sobrevivencia en los márgenes, que la población que ahí habita no se niega a
vivir dentro de la ley, sino que su experiencia con la legalidad estatal está
plagada de arbitrariedad, ilicitud, atropellos y abusos, lo que provoca la
emergencia de estrategias extralegales de violencia para enfrentar las
injusticias; 4) que
es una forma ritualizada de violencia desplegada en un espacio público que se
vuelve el escenario de una representación espectacular de un castigo ejemplar y
en este acto-performance (que no es planeado) se sintetizan un conjunto de
percepciones y experiencias acerca del miedo, la (in)justicia, la (i)legalidad,
entre otros problemas que se viven en los márgenes y 5) que los medios de
comunicación en México han hecho de la violencia un producto para el
entretenimiento, donde actos de violencia ligados a la criminalidad y la
inseguridad son vueltos un espectáculo mediático en el que se perpetúan otras
formas de violencias de índole variada, se naturalizan, normalizan y repiten
como parte del repertorio de actitudes cotidianas; la narrativa mediática de las
violencias impulsa ideas y estereotipos —un contenido simbólico— que contribuye
a organizar la experiencia social y por lo tanto influye en las ideas sobre lo
que es o no justo, legal y legítimo.
Con esta apretada síntesis sobre el
fenómeno de los linchamientos en nuestro país lo que busco es dejar en claro
que mi conocimiento acerca del tema está basado en un análisis que fue un poco
más allá de las opiniones o del uso más común del término. Mi investigación no
abarcó el llamado “linchamiento mediático”, pero me gustaría decir, desde mi
experiencia de análisis de los linchamientos reales, algunas cosas al respecto,
especialmente a partir de que en los días pasados he notado el uso del término
en el caso de Marcelino Perelló y cómo trascendió en las redes sociales lo que
él dijo sobre la violencia sexual en contra de las mujeres en uno de los
programas de radio que encabezaba, así como las consecuencias de sus dichos.
Igual que el linchamiento real, en
México el linchamiento mediático no ha sido suficientemente analizado. Esto
significa que hacen falta estudios en los que se caracterice el fenómeno de la
manera más completa posible: qué es un linchamiento mediático, cuál es la
estructura general que tiene, qué actores están involucrados y en qué contextos
sucede, qué diferencias o similitudes tiene tanto con el linchamiento real como
con otros fenómenos colectivos a nivel mediático, entre otras muchas preguntas.
No voy a repetir los detalles del caso
Perelló aquí pero haciendo un resumen la cosa fue así: Perelló, un personaje
público cuya fama reside en haber participado en el movimiento estudiantil de
1968, ser profesor universitario en la Facultad de Ciencias de la UNAM y haber
encabezado un programa de radio en la emisora de la misma universidad desde hace
más de diez años, tuvo a bien, en una de las emisiones de este programa,
expresar una serie de opiniones repudiables acerca de la violación (caso
Daphne), el acoso callejero (casos Tamara de Anda y Andrea Noel), las denuncias
que se han hecho al respecto (sobre lo que es o no, según él, una violación) e
incluso juicios procaces acerca de las víctimas de estos delitos. Una parte de
los dichos de Perelló fueron difundidos en redes sociales días después de dicha
emisión y, como era de suponerse, causaron gran indignación. Una gran parte de
las usuarias y usuarios de redes sociales expresaron su repudio y enfado ante
lo dicho por Perelló, no por la vulgaridad en sí (que fue de suyo bastante
desagradable), sino porque evidenció la normalización de las violencias
machistas que persiste en un buen número de varones: decir que la violación es
tal única y exclusivamente si es cometida con el pene (“Si no hay verga, no hay
violación”) , que hay mujeres que sólo han sentido orgasmos mediante una
violación, que las mujeres usan faldas cortas para llamar la atención de los
varones (de lo que se deduce que “las hijas de la chingada” no deben quejarse
de los “piropos” callejeros), entre otras cosas. A las pocas horas, las
autoridades de Radio UNAM anunciaron la cancelación del programa de Perelló
como consecuencia de lo ocurrido.
Otra parte de los usuarios de redes
sociales consideró que Perelló fue víctima de un linchamiento mediático, que se
le estaba censurando y se estaba contraviniendo su libertad de expresión y aquí
es donde me gustaría hacer algunas precisiones. Reiterando que no existe
suficiente análisis acerca del concepto linchamiento mediático, en mi opinión
el caso de Marcelino Perelló no es tal. A continuación intentaré explicar mis
razones.
Se requieren más estudios acerca del
papel de los medios de comunicación y las redes sociales en contextos de
denuncia o sanción social tanto de delitos como de actividades o
comportamientos que, sin ser propiamente delitos tipificados, son considerados
como agravios morales (en el sentido que le da, por ejemplo, Barrington Moore),
como apología de violencia, etc. y, por lo tanto, son objeto de un amplio
rechazo. Se requiere además que los estudios estén situados en la realidad de
México y realizar a la par un ejercicio comparativo con lo que sucede en otras
latitudes con el fin de hallar similitudes y diferencias. Debemos partir del
hecho de que el uso masivo de dispositivos conectados a Internet y el acceso a
redes sociales ha provocado una transformación importante en las formas de
participación social especialmente en lo relativo a las formas de exigencia de
derechos y de justicia, al mismo tiempo que ha influido en los modos de
comunicación y relación de la población con los actores gubernamentales y con
las instituciones públicas y privadas, con los periodistas y las empresas, etc.
Al mismo tiempo, una parte del discurso
neoliberal ha promovido que los ciudadanos se vuelvan responsables de su propia
seguridad, es decir, una especie de privatización de la protección, bajo el
argumento de que la población debe, además de ser todavía más participativa y democrática (lo que sea que esto signifique), asumir tareas varias
para restarle presión al Estado, cada vez más escuálido y más rebasado ante las
violencias y los riesgos permanentes de todo tipo. De igual forma, otra parte
importante de la gobernanza neoliberal enfatiza la necesidad de que los
ciudadanos se conviertan en agentes que vigilen y exijan transparencia
(accountability) en las acciones y decisiones de gobiernos y de actores del
sector privado.
En este entorno, una parte importante de
quienes participan en las movilizaciones digitales (por llamarle de algún modo
a las acciones de denuncia, protesta o exigencia que se realizan digitalmente)
lo hace con legítimo interés y con una intención abierta y clara: expresar su
indignación ante lo que considera malo, injusto, reprobable, etc. Pero existe
también otro lado de este fenómeno, que involucra a personas y/o estructuras
que movilizan a personas para crear escándalos o para acallar a las otras
movilizaciones; de ello no voy a hablar ahora pero existen ya muchos trabajos
que han documentado la forma en la que operan los llamados bots o los grupos
generadores de acoso y violencia online.
Quisiera centrarme exclusivamente en
casos como el de Perelló, es decir, casos en los que una figura pública comete
una falta o tiene comportamiento que resulta rechazable para una parte
importante y es exhibido -y con exhibido quiero decir que se difunde en redes
sociales el hecho-, lo cual genera una reacción masiva y que tiene
consecuencias directas para dicha persona. No voy a hablar de casos de personas
que no son figuras públicas, porque eso implica otras consideraciones y
desenlaces.
Perelló es una figura pública, es decir,
no es una persona desconocida a la que sorprendieron casualmente cometiendo una
falta o escupiendo improperios en una calle oculta y oscura. Este personaje
dijo lo que dijo al aire en un programa de radio. En este sentido y aunque la
reacción a sus dichos no ocurriese en el preciso momento en el que él los
emitió, lo cierto es que lo hizo a la luz de todos, fue una acción pública.
Días después un fragmento de lo que él dijo se divulgó en redes sociales y el
caso se viralizó. Uno de los argumentos de quienes han salido en defensa de
Perelló es decir que “una muchedumbre” había salido a “lincharlo”, tratando de
equiparar la difusión del fragmento en redes sociales como un llamado para
castigar o someter al susodicho. Por lo que yo he observado en años recientes
en medios de comunicación y redes sociales, cuando una figura pública
(políticos, periodistas, personajes del espectáculo o la cultura, etc.) es
criticada fuertemente a nivel mediático por sus dichos o hechos generalmente
alega que se ha cometido un “linchamiento mediático” en su contra como una
forma de victimizarse ante la andanada de comentarios negativos y juicios de
rechazo que reciben por sus acciones.
En el caso de Perelló, la reacción y
protesta digital no buscó hacer justicia por mano propia; la gente que expresó
su indignación no pretendió sustituir a ninguna autoridad para ejercer una pena
al margen de la ley sino que, por el contrario, lo que exigió fue precisamente
la intervención de las autoridades correspondientes para que fuesen ellas las
que ejercieran su función de sancionar al personaje. La movilización digital no
buscó actuar por encima del Estado ni en contra de la justicia legal; no fue
encabezada por vigilantes o grupos o actores anónimos que realizan acciones
digitales violentas o de acoso (como sí lo hacen otros grupos mencionados
antes) ni en nombre de nadie, ni ejerciendo una venganza (aunque quienes apoyen
a Perelló confunden las consecuencias de sus dichos –la cancelación del
programa- con una suerte de venganza colectiva, lo cual es impreciso); tampoco
se publicaron en sitios públicos detalles personales de Perelló para atacarlo
más (datos privados) ni mucho menos la visibilidad que lograron los dichos de
Perelló fue producto de una estrategia de abuso, coerción o uso de poder (sus
palabras fueron dichas al aire).
Falta todavía mucho por estudiar y
reflexionar colectivamente acerca de las implicaciones de las acciones de
denuncia digital. Especialmente, falta caracterizar mejor en qué consiste, qué
actores participan y la diferencia de contextos, cuál es el papel de los medios
y las autoridades, entre otras cosas. Hay muchas preguntas que tenemos que
responder con respecto a este fenómeno, pero mientras eso sucede considero
importante no dejar pasar los casos que adquieren mayor relevancia mediática
para comenzar a discutir al respecto.