jueves, 9 de octubre de 2014

Ayotzinapa, día 13 y siguen sin aparecer.

La historia va más o menos así: La Normal de Ayotzinapa ha sido históricamente acosada por su vocación política de izquierda, donde los hijos de campesinos y de familias de escasos recursos se forman intelectualmente para ser profesores rurales y para la acción política permanente. Hace días, fueron a Iguala a hacer proselitismo de sus causas, incluido el "boteo" para recabar dinero con el fin de participar en la marcha del 2 de octubre. Ese día, había un evento público del alcalde y su esposa en el centro de Iguala simultáneamente. Al alcalde no le pareció la presencia de los jóvenes normalistas y habrá dado la orden al jefe de su policía que los largaran de ahí. El jefe de la policía, que es un brazo armado de un grupo del narco, ordenó rafaguearlos y levantarlos. Se los llevaron en patrullas de la policía y versiones dicen que un supuesto jefe del grupo de narcos ordenó matarlos. Hoy todavía no aparecen pero sí hay varias fosas clandestinas con restos que presumiblemente podrían ser de los normalistas. Tanto el EPR como el ERPI, los grupos guerrilleros con presencia en Guerrero, se han manifestado sobre el asunto,incluyendo que el primer grupo centró una parte importante de su argumentación en la responsabilidad del grupo del narco mientras el segundo grupo guerrillero anunció un "comando de ajusticiamiento" contra el grupo de narcos para ¿vengar? lo que les han hecho a los estudiantes. El hecho de que la estrategia gubernamental haya sido decir primero que era un tema de crimen organizado y que ahora esté siendo por un lado alargar y eludir dar información sobre la identidad de los cuerpos hallados en las fosas, al mismo tiempo que también ahora convenientemente estén insistiendo en los dichos de las guerrillas para sugerir que fue un tema de pugna entre crimen organizado y grupos subversivos, no obsta para afirmar que lo ocurrido en Iguala sigue siendo un crimen de Estado. Así tiene que ser asumido y así tiene que ser denunciado y todas estas versiones oficiales incompletas pero repletas de ambigüedades y enredos (aun con ciertos elementos de verdad), no deben encubrir lo más importante.
En primer lugar, porque fueron policías municipales los que se llevaron a los muchachos. 
En segundo lugar, porque sí, es cierto, la policía de Iguala está prácticamente en manos de los narcos, eso no significa que el gobierno no haya auspiciado esta situación. Es decir, no es que un día llegó el narco y se apoderó de la policía como si nada. Esto es un proceso de contubernio, intercambio, complicidad, ayuda, apoyos, prebendas, protección e impunidad permanente entre partidos, políticos y grupos criminales.
En tercer lugar, porque dado el contexto histórico de Guerrero, es muy seguro que este episodio de violencias extralegales (pero no por ello dejan de ser estatales) sea una de las tantas formas en las que el Estado haya buscado combatir, eliminar, atacar, etc. a actores políticos que se oponen a los abusos y los despojos de los gobiernos, sean grupos civiles o subversivos. 
En cuarto lugar, porque independientemente de la naturaleza de estos actores políticos opositores, cuando el Estado (aunque estemos claros que siempre ha sido así, que de facto siempre ha buscado eliminarlos de todas formas) ejerce violencia contra ellos, está violando los derechos humanos elementales, está cometiendo un crimen de lesa humanidad.